📰 Los ataques a los periodistas hispanohablantes tienen una larga historia
Con frecuencia subestimados, invisibilizados y malentendidos, los periodistas en español que trabajamos en Estados Unidos hemos sido presa fácil para los políticos que quieren silenciar a los medios de comunicación.
Lo sabemos muy bien los que llevamos décadas en el periodismo en español. Quienes nos tomaban muy en serio eran quienes querían silenciarnos. Quizás porque entendían el verdadero poder de los medios en español: nuestra cercanía y relación con nuestras comunidades.
La reciente deportación de nuestro querido colega Mario Guevara de Georgia a El Salvador deja una herida para todos los profesionales en el periodismo y reabre cicatrices para quienes hemos enfrentado discriminación, ataques e intimidación por ejercer nuestro trabajo. Sí, esto está sucediendo aquí en los Estados Unidos.
Lo que pasó con Mario no es producto de una sola administración sino de la suma de las acciones de muchos gobiernos que han venido creando una maquinaria migratoria que también amenaza a los propios ciudadanos por el color de su piel.
La intersección de nuestra identidad, muchas veces nuestros procesos migratorios y el día a día de reportar sobre la persecución de comunidades inmigrantes, en las calles y en las legislaturas, nos puso sin que lo quisiéramos en la mira desde hace tiempo.
Es difícil saber si pudiéramos haber hecho algo para evitar la detención de Mario. El hecho de que sucedió, en primer lugar, revela lo precario de las condiciones en las que tienen que trabajar muchos periodistas que no tienen acceso a un apoyo institucional, a equipos de abogados, o siquiera editores que de inmediato pongan un plan en efecto para su “rescate”. Mario era su propio jefe.
Lo cierto es que nos dice mucho del escaso apoyo para estos periodistas que muchas veces se lo juegan todo con bajos ingresos y recursos por un compromiso profundo hacia su comunidad. Eso tiene que cambiar. No puede haber otro Mario.
Mario pasó 100 días detenido y una buena parte aislado. Describió el trato recibido como una tortura. El gobierno se rehusó a dejarlo salir bajo fianza aun cuando todos los cargos en su contra fueron desestimados. La excusa para deportarlo no fue su cobertura de las marchas de “No Kings” en Atlanta, sino sus denuncias a los operativos de redadas del Control de Inmigración de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Lo acusaron de poner en peligro a los oficiales tras mostrar sus rostros, cuando el peligro son estas órdenes que no respetan el debido proceso de miles de inmigrantes, ciudadanos y periodistas en todo el país.
Cuando la ley de inmigración se utiliza para silenciar a los periodistas, pareciera que la primera enmienda no nos pertenece a todos. En momentos así no podemos más que preguntarnos: ¿Quién protege a los periodistas? ¿Quién está al lado de los que siempre han estado al lado de sus comunidades?
Valeria Fernández – fundadora y directora ejecutiva de Altavoz Lab
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